La medida de ARBA alcanza a 19 municipios. Incluye exenciones y prórrogas del Inmobiliario Rural para explotaciones con más del 50% de afectación.
Un total de 19 municipios de la provincia de Buenos Aires afectados por las inundaciones se encuentran bajo un régimen de exención impositiva y prórroga del Impuesto Inmobiliario Rural, según precisó la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA).
Los beneficios alcanzan a explotaciones con más del 50% de afectación.
Puntos clave del beneficio
- Beneficiarios: Productores agropecuarios cuya actividad principal fue afectada por inundaciones o sequías.
- Condición: Acreditar al menos un 50% de afectación (emergencia) o un 80% (desastre).
- Beneficios: Exenciones y prórrogas del Impuesto Inmobiliario Rural.
- Adicional: Reprogramación de obligaciones crediticias con el Banco Provincia y suspensión de ejecuciones fiscales por seis meses.
Municipios alcanzados
Los 19 distritos alcanzados por las declaraciones de emergencia y/o desastre agropecuario son:
- Bolívar
- Carlos Casares
- Chacabuco
- Chivilcoy
- General Alvear
- General La Madrid
- General Viamonte
- Guaminí
- Hipólito Yrigoyen
- Junín
- Las Flores
- Monte
- Nueve de Julio
- Puan
- Saladillo
- Tapalqué
- Tornquist
- Trenque Lauquen
- Veinticinco de Mayo
Cómo gestionar el beneficio
Las y los productores afectados deben gestionar el certificado de emergencia o desastre ante el Ministerio de Desarrollo Agrario.
Requisitos:
- Presentar la documentación respaldatoria de la explotación.
- Presentar la constancia de inscripción en ARCA (que acredite el ejercicio de la actividad agropecuaria).
Una vez que la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario (CEDABA) analiza la documentación y aprueba la declaración, ARBA aplica de manera automática las exenciones o prórrogas sobre el Impuesto Inmobiliario Rural.
«Estos beneficios están dirigidos exclusivamente a quienes desarrollan la actividad agropecuaria como principal fuente de ingresos».
Cristian Girard, director ejecutivo de ARBA.
Girard también destacó el trabajo coordinado entre los equipos provinciales y municipales para un monitoreo técnico riguroso, asegurando que los beneficios se definan «de forma transparente y equitativa».
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