La concejala radical de Tartagal, Paola Alejandra Díaz, fue imputada junto a su hermana y defensora oficial, Rosa Fabiola Díaz, por acopiar y vender ayuda solidaria destinada a comunidades originarias.
Un fiscal penal imputó a una concejala radical de Tartagal, Salta, y a su hermana por el presunto desvío de donaciones de mercadería destinadas a comunidades originarias del norte salteño por la emergencia sanitaria declarada por la pandemia.
El fiscal interino penal 1 de Tartagal, Rafael Medina, imputó a Paola Alejandra Díaz, concejala, y a Rosa Fabiola Díaz, defensora oficial, por el robo de donaciones, según informó el Ministerio Público de Salta.
La primera quedó detenida y optó por declarar, mientras que la segunda se abstuvo de hacerlo, y solo fue imputada y suspendida por su inmunidad a raíz de su cargo en el Juzgado de Garantías 1 de Tartagal.
El escándalo se disparó a raíz de una denuncia de la hermana mayor de ambas, Sandra Díaz, realizó una denuncia pública y las acusó de vender donaciones recibidas hace un año para las comunidades wichí de la zona.
El fiscal penal decidió investigar el hecho e imputó a una concejala radical de Tartagal y a su hermana, que es defensora oficial, por el presunto desvío de donaciones de mercadería destinadas a comunidades originarias del norte salteño por la emergencia socio-sanitaria declarada a principios de 2020.
La imputación señala que las acusadas tenían a su cargo “la administración y cuidados de los bienes provenientes de las fundaciones, llevando a cabo una administración fraudulenta de los bienes asignados, perjudicando intereses ajenos con su accionar infiel”, pues la mercadería debía ser repartida “entre personas de escasos recursos y de las misiones aborígenes de la etnia wichi”.
En el allanamiento se secuestraron bidones y botellas de agua, ropa nueva y usada y zapatillas. Fuentes de la Defensoría General de la Provincia de Salta informaron que se dispuso un sumario administrativo contra la defensora investigada, quien fue suspendida por 30 días.
