El Presupuesto 2027, recientemente enviado al Congreso, establece un marco de ajuste que afecta de manera significativa al sistema científico y a las universidades nacionales, sectores que ya enfrentaban problemas de desfinanciamiento estructural.
Los organismos que integran el sistema científico, incluyendo el CONICET, la CONAE, la CNEA y la Agencia I+D+i, recibirán asignaciones que buscan cubrir la inflación proyectada del 18% para el próximo año. Sin embargo, si esta expectativa no se materializa, estos organismos podrían enfrentar una nueva pérdida de capacidad de financiamiento en términos reales.
Este ajuste ocurre en un contexto en el que el sistema científico aún no ha podido recuperarse de una disminución del 35% en sus ingresos reales desde la llegada de Javier Milei a la presidencia en diciembre de 2023.
La situación es aún más crítica para el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que experimentará una reducción nominal de 12,4% en su presupuesto, y para el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que verá una caída del 5,2%. Ambos institutos han venido sufriendo un desfinanciamiento severo y una significativa pérdida de personal desde 2024.
En el caso del INTA, el recorte presupuestario acumulado en términos reales supera el 43%, mientras que el INTI enfrenta un recorte real que se acerca al 49%.
Impacto en las Universidades Nacionales
El proyecto de ley del Gobierno también contempla una asignación de 7,34 billones de pesos para las universidades nacionales, cifra que se encuentra muy por debajo de los 11 billones de pesos solicitados por el Consejo Interuniversitario Nacional. Este Consejo, que representa a los rectores de las universidades del país, considera que la propuesta es insuficiente.
Además del recorte, el presupuesto incluye una cláusula que obliga a las universidades a detallar la finalidad de sus gastos ante el Ministerio de Capital Humano, permitiendo al Poder Ejecutivo interrumpir las transferencias de fondos si no se cumplen estos requisitos. Los rectores advierten sobre la vulneración de la autonomía universitaria y anticipan un escenario de conflictividad ante la falta de cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario vigente.
Fuente: NA
