En la primera mitad de este año, 99.673 personas obtuvieron el alta de su jubilación en el régimen general de la Anses. El número es un 45% inferior al de igual período de 2025 y un 53% más bajo que el de ese semestre de 2024. Entre enero y junio de esos años, en concreto, se habían otorgado 181.549 y 213.970 nuevas jubilaciones, respectivamente, según se desprende de los cuadros estadísticos elaborados por la Subsecretaría de Seguridad Social de la Nación.
El número de personas que accedió a una prestación jubilatoria es también este año más bajo que el registrado en las primeras mitades de 2023 y 2022. En esos años, las altas fueron 156.074 y 178.205. Es decir, desde enero y hasta junio de 2026 se jubiló un 36% menos de personas que en ese lapso de tres años atrás, y un 44% menos que hace cuatro años.
La caída respecto de los últimos años se explica, principalmente, por el hecho de que en marzo de 2025 perdió vigencia un plan de compra de aportes, en un escenario en el que conviven una persistente alta informalidad laboral y una ley previsional que mantiene el rígido requisito de contar con 30 años de aportes, como mínimo, para acceder a la jubilación.
A la par de la caída de la cantidad de nuevos beneficiarios, por primera vez en mucho tiempo ocurrió que el porcentaje de personas que se jubilaron usando una moratoria o plan de compra de aportes fue menor al de los que obtuvieron la prestación sin recurrir a esas herramientas (por haber podido completar, durante su vida laboral, los aportes exigidos). En el primer semestre de este año, el 43% de las altas fue con moratoria y el 57%, sin moratoria.
En las primeras mitades de 2024 y 2025, más de siete de cada diez nuevos jubilados habían adherido a algún plan para completar contribuciones. Según los datos anuales, entre 2010 y 2025 siempre fue mayor el número de los jubilados con moratoria que el de los que no la tuvieron.
Entre mediados de marzo de 2023 y de 2025 rigió el plan del segundo capítulo de la ley 27.705, que permitía comprar aportes no ingresados oportunamente al sistema, sin tener que hacer un pago antes de acceder a la jubilación. De hecho, el mecanismo preveía el descuento de montos de los haberes mensuales durante un determinado período -dependiendo del caso-, a manera de cuotas de la deuda asumida por la persona con el régimen previsional.
El esquema rigió hasta el 23 de marzo de 2025, según lo que había estipulado la propia ley que lo estableció. Si bien se había previsto la posibilidad de una prórroga, el gobierno de Javier Milei optó por ponerle punto final a la medida. En los primeros tiempos de la actual gestión, se esbozó la idea de disponer prestaciones proporcionales, según la cantidad de años aportados por debajo de la cantidad hoy exigida, pero no se avanzó con ningún proyecto concreto.
La ley 27.705 fue aprobada a inicios de 2023, y su impacto comenzó a percibirse casi de inmediato. La estadística oficial muestra que en todo 2023 el 81% de las altas de jubilaciones fue para quienes habían adherido a lo allí establecido.
El efecto de la caída de vigencia del plan se observó de manera progresiva, porque durante varios meses de 2025 se les otorgó el alta de su prestación a personas que habían tramitado la solicitud mientras regía aún la ley en cuestión. En todo 2025 se otorgaron, según la estadística oficial, 338.553 jubilaciones, un 20,3% menos que en el año previo. Y de ese total, el 53% requirió moratoria.
Con diferentes normativas, las moratorias fueron protagonistas de las altas jubilatorias en las últimas dos décadas, reflejo de la alta incidencia de la economía informal, para lo cual no hubo ni un principio de solución en el período.
Para quienes no logran acceder a la jubilación ni aun retrasando el momento del retiro -y aportando mientras tanto, o adhiriendo a algún plan vigente para una regularización-, es la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Es una prestación a la que se accede con 65 años de edad o más (mujeres y varones por igual), sin necesidad de aportes y habiendo pasado un examen socioeconómico.
En junio pasado se les pagó ese ingreso a 218.844 personas, una cifra que marca un incremento de 14% respecto del promedio mensual de 2025. El monto de lo cobrado equivale al 80% del haber mínimo y se suma el bono de $70.000. A diferencia de lo que ocurre con las prestaciones contributivas, no genera derecho a pensión para el cónyuge si la persona titular fallece.
Planes vigentes
Actualmente, sigue vigente la moratoria de aportes de la ley 24.476, aprobada en 1995 y reglamentada en 2005, en un hecho que marcó el inicio de la dinámica que tuvo en los últimos años el proceso de altas jubilatorias. Se trata de un régimen permanente para regularizar aportes a muy bajo costo. Su alcance se reduce a medida que pasa el tiempo, ya que solo puede accederse por períodos sin aportes que sean previos a octubre de 1993. Por esa razón, el fin de su vigencia llegará cuando ya nadie pueda acceder a sus beneficios.
También rige un plan de compra de aportes, incluido en la ley 27.705. A este sistema, llamado de “unidad de cancelación de aportes previsionales para trabajadores y trabajadoras en actividad”, pueden adherir solo quienes están a 10 o menos años de la edad mínima requerida para jubilarse; es decir, mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años.
Cada unidad de cancelación vale por un mes de aportes. Y es posible comprar períodos previos a abril de 2012, siempre a partir de que se hayan cumplido los 18 años de edad y con el requisito de haber residido en el país y haber estado sin trabajo formal. El precio por cada mes de aportes adquiridos se actualiza por inflación. Ahora es de $40.240 y en agosto subirá a $41.000. Así, comprar un año completo costaría unos $492.004 si el pago se hiciera el mes próximo, y adquirir 10 años tendría un valor de $4.920.039.
Compensaciones
Dos cuestiones a tener en cuenta es que la normativa permite compensar aportes no hechos con el exceso de la edad mínima jubilatoria y que a las mujeres se les reconocen períodos de contribución por sus hijos.
En el primer caso, si la persona no se jubila inmediatamente al cumplir 60 o 65 años (según se trate de una mujer o un varón), se cuenta un año como aportado por cada dos de exceso de esas edades.
En cuanto al reconocimiento por hijos para mujeres, como regla general por cada uno se cuenta un año como contribuido; si hubo adopción, dos años. Si se tiene un hijo con discapacidad, se considera un año adicional, y si se accedió a la Asignación Universal por Hijo (AUH) por al menos doce meses, se suman dos años adicionales.
El universo de las prestaciones con moratoria es muy heterogéneo: hay quienes, por ejemplo, contribuyeron durante más de 20 años e ingresaron a estos sistemas por el tiempo faltante, y hay quienes tenían muy pocos aportes efectivamente realizados (o ninguno).
De las 5,67 millones de jubilaciones que la Anses pagó en junio de este año, el 68% (3,86 millones) incluyó alguna regularización de aportes, en tanto que 1,81 millones (32%) corresponden a personas que sí lograron cumplir en su vida laboral con las contribuciones exigidas.
Fuente: La Nación
