En un reciente juicio abreviado, el Tribunal Oral Federal (TOF) N° 2 ha condenado a Martín Antonio Báez, hijo del empresario Lázaro Báez, junto a otros cinco exfuncionarios en el contexto de la causa Vialidad II. Este caso es el segundo tramo de un proceso más amplio sobre corrupción en la obra pública, que ya había llevado a la condena de la expresidenta Cristina Kirchner.
Los seis condenados, que incluyen a Julio Enrique Mendoza, Carlos Joaquín Alonso, Jorge Eduardo Gregorutti, Sergio Hernán Passacantando y Fernando Javier Butti, han recibido penas que oscilan entre 2 años y 6 meses hasta 7 años y 9 meses de prisión. En particular, Martín Antonio Báez y Julio Enrique Mendoza han sido sancionados con penas unificadas por lavado de activos agravado, con Báez enfrentando una condena total de 7 años y 9 meses de prisión.
El juez Andrés Fabián Basso, responsable de la sentencia, también ha ordenado el decomiso de bienes por un total de $684.990.350.139,86, monto que será actualizado al momento de su ejecución. Esta decisión se basó en la condena anterior de Vialidad, destacando que los hechos en este juicio son los mismos que fueron objeto del debate oral previo.
Detalles de la Sentencia
La sentencia considera que los acusados cometieron defraudación por administración fraudulenta, agravada por su impacto en la administración pública. En este contexto, Alonso, Gregorutti y Passacantando han sido designados como coautores, mientras que Báez, Butti y Mendoza han sido considerados como partícipes necesarios en la maniobra de corrupción.
El juez Basso señaló que los exfuncionarios actuaron como administradores de los intereses públicos y quebrantaron los deberes que esta posición les imponía. Por su parte, los implicados en las empresas constructoras fueron cruciales para llevar a cabo la maniobra, a través de la presentación de ofertas y la ejecución de los contratos.
Un Sistema de Corrupción Institucional
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola subrayaron que este caso revela un «auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional» mediante la manipulación de la contratación pública. Este sistema fue descrito como un delito de extrema gravedad, con los implicados sustrayendo de manera sistemática fondos del erario público en beneficio personal.
Fuente: NA
