La Unidad de Información Financiera (UIF) ha presentado este viernes su requerimiento de elevación a juicio en la causa conocida como Los Sauces, en la que se encuentran involucrados la ex presidenta Cristina Kirchner y su hijo Máximo Kirchner. La acusación sostiene que ambos lideraban una «asociación ilícita» con el objetivo de apropiarse de fondos públicos.
Durante la audiencia, se expuso la segunda parte de la acusación que se centra en la inmobiliaria de la familia Kirchner, la cual es señalada por supuestamente haber sido utilizada para lavar dinero proveniente de empresas vinculadas a Lázaro Báez y el Grupo Indalo. La UIF detalló que se implementaron «dos mecanismos simulados» mediante contratos de alquiler entre Los Sauces y las empresas Álcalis de la Patagonia y M&S, que estarían relacionados con los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa.
Según las autoridades, estos contratos presentaron un sobreprecio que oscila entre el 100% y el 150%, y se consideraron «injustificados». La querella enfatizó que la locación fue una simulación para justificar la canalización de fondos hacia la sociedad de la familia Kirchner.
En el desarrollo de la investigación, la UIF afirmó que la familia Kirchner elaboró una «ingeniería societaria y económica» destinada a legitimar los beneficios económicos derivados de actividades ilícitas, sometiendo los fondos a una serie de movimientos bancarios interconectados, con el fin de «blanquear» el dinero para su uso personal.
El esquema de funcionamiento de Los Sauces, según la acusación, permitió canalizar dinero proveniente de las empresas de Báez e Indalo entre 2009 y 2016, periodo en el cual la inmobiliaria experimentó un «crecimiento exponencial» en su patrimonio gracias a contratos sostenidos con empresarios favorecidos por contratos estatales, generando un flujo constante de casi $26 millones.
La UIF ha señalado a Cristina Kirchner como jefa de esta asociación ilícita, mientras que Máximo Kirchner, quien ocupó la presidencia de Los Sauces, es imputado como organizador del esquema. Ambos son acusados de haber diseñado y ejecutado un sistema de reciclaje de fondos de origen ilícito a través de la firma Los Sauces, obteniendo dinero mediante la «defraudación al Estado nacional».
Adicionalmente, se ha señalado a Cristina Kirchner por haber aceptado dádivas de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, quienes también enfrentan cargos. Lázaro Báez es considerado el organizador de la asociación ilícita, mientras que López y De Sousa son clasificados como coautores de lavado y autores del delito de ofrecimiento de dádivas.
Fuente: NA
