El Senado se alista para una sesión crucial este jueves, donde el oficialismo buscará avanzar con dos iniciativas de gran impacto económico y político: el proyecto de ley de Inocencia Fiscal II y un nuevo régimen de biocombustibles.
La sesión, programada para las 11, fue acordada en una reunión de jefes de bloque, pero su realización es incierta debido a la posible ausencia de algunos senadores del oficialismo y de la oposición dialoguista. Además, la oposición ha expresado severos cuestionamientos a los proyectos, especialmente al de biocombustibles, lo que genera dudas sobre su desarrollo.
Las negociaciones previas han sido intensas, especialmente entre el bloque de La Libertad Avanza y las provincias del noroeste argentino, productoras de bioetanol. Estas provincias han manifestado su interés en que se avance con el proyecto que modifica el régimen vigente de fomento y producción de combustibles de origen agrícola. La presidenta del bloque, Patricia Bullrich, ha incluido el tema de biocombustibles en la agenda, a pesar de que varios senadores de la UCR y algunos del oficialismo lo rechazan.
La sesión también abordará convenios que permiten el traspaso de la justicia penal juvenil a la Ciudad de Buenos Aires, así como la nominación de Alejandro Catania y Javier Galván Greenway como camaristas del fuero penal económico, quienes habían estado en espera durante casi cuatro meses debido a cuestiones vinculadas con la AFA.
El proyecto de Inocencia Fiscal II, que ya cuenta con aprobación en la Cámara de Diputados, busca ampliar el régimen simplificado de declaración jurada del Impuesto a las Ganancias a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Según el Gobierno, esta ley está diseñada para reducir la carga informativa de los contribuyentes y facilitar la regularización de inconsistencias impositivas.
Entre los cambios más destacados se encuentra la eliminación de los topes de ingresos y patrimonio, permitiendo que más contribuyentes se adhieran al régimen sin ser excluidos por superar ciertos umbrales. Además, se redefinen las facultades de ARCA para impugnar declaraciones, limitando su intervención a discrepancias significativas.
Sin embargo, la propuesta enfrenta críticas que la califican como un blanqueo encubierto, con posibles beneficios para sectores de mayor capacidad económica y preocupaciones sobre su impacto en la recaudación.
Por otro lado, el proyecto de biocombustibles busca reemplazar el esquema actual por uno más competitivo, aumentando gradualmente los porcentajes obligatorios de mezcla y estableciendo una transición para los diferentes segmentos de la industria. Se prevé que el corte obligatorio de bioetanol en las naftas pase del 12% al 15%, y en biodiésel del 7,5% al 10% tras un período de transición.
Las pymes de biodiésel han expresado su preocupación por la posibilidad de que una apertura rápida beneficie a grandes empresas integradas, mientras que quienes apoyan la reforma argumentan que el sistema actual ha llegado a su límite y que un entorno más competitivo fomentará la inversión y la eficiencia.
Fuente: La Nación
