Un error administrativo ha llevado a la Corte Suprema a desestimar una causa presentada por la comunidad indígena en contra del Gobierno de Córdoba, que buscaba frenar la realización de dos importantes obras viales en los valles de Punilla y Paravachasca.
La demanda, que había sido rechazada previamente en dos instancias de la Justicia federal de la provincia, apelaba al máximo tribunal, sin embargo, los documentos presentados carecían de la firma de los litigantes involucrados.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti señalaron que «el escrito de interposición del recurso ha sido firmado únicamente por la letrada patrocinante, quien no ha invocado poder para representar a las recurrentes ni razones de urgencia que hagan aplicable lo dispuesto en el art. 48 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación».
Por lo tanto, el fallo determinó que, en tales condiciones, la presentación era un acto jurídico inexistente e insusceptible de convalidación posterior, llevando a la Corte a desestimar el recurso.
Las agrupaciones demandantes habían solicitado la suspensión, nulidad e inconstitucionalidad de las resoluciones de la Secretaría de Ambiente provincial que autorizaron las obras, argumentando que estas podrían afectar su territorio, identidad cultural y patrimonio cultural y arqueológico.
Además, adujeron que las obras provocarían desmontes de bosques nativos y afectarían cuencas hídricas. Criticaron también la falta de una consulta libre, previa e informada a las comunidades indígenas que podrían verse perjudicadas.
El conflicto legal había comenzado en la Justicia Federal de Córdoba, donde el Juzgado Federal N° 2 se declaró incompetente y decidió archivar la causa, argumentando que los derechos de los pueblos indígenas son facultades concurrentes de la Nación y las provincias. Posteriormente, la Cámara Federal de Córdoba confirmó esta decisión, indicando que no se había probado un daño ambiental interjurisdiccional que justificara el caso.
Finalmente, la apelación a la Corte Suprema se vio frustrada por la falta de firma de los miembros de la comunidad, lo que impidió al máximo tribunal analizar el fondo del asunto.
Fuente: NA
