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30 julio 2026, 5:38 am

Formosa Reconoce Caída en Vacunación Sin Publicar Datos Clave

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El gobierno de Gildo Insfrán ha reconocido una baja en las coberturas de vacunación en la provincia de Formosa, anunciando una nueva campaña dirigida a la población infantil para prevenir el regreso de enfermedades que pueden ser fácilmente controladas. Sin embargo, la administración no ha proporcionado porcentajes, metas ni comparativas sobre la situación actual de la vacunación en diferentes departamentos.

La declaración fue realizada el pasado 28 de julio por Julio Arroyo, jefe del Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Desarrollo Humano provincial. Arroyo advirtió que la disminución en la aplicación de vacunas del Calendario Nacional representa un riesgo sanitario significativo y podría facilitar la reaparición de enfermedades que habían estado controladas durante años.

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El funcionario atribuyó esta baja en parte a la desconfianza generada tras la pandemia de COVID-19, y señaló que también afecta a vacunas obligatorias no relacionadas con el virus. La provincia ha informado que se enfocará en recuperar esquemas de vacunación en niños nacidos durante 2024, 2025 y 2026, y ha programado vacunatorios con horarios ampliados, operativos domiciliarios y puestos en actividades recreativas.

A pesar de la gravedad de la situación, la campaña fue presentada sin el dato fundamental que permitiría medir su efectividad: el nivel actual de cobertura de vacunación. El Ministerio no ha indicado cuántos niños integran la población objetivo, cuántos tienen esquemas incompletos, qué vacunas han registrado caídas significativas ni cuántas dosis deben ser aplicadas antes de fin de año.

Asimismo, no se ha publicado una comparación con los años anteriores ni se ha aclarado si la disminución se debe únicamente al rechazo por parte de las familias, a dificultades geográficas, problemas de registro, falta de personal o demoras en la disponibilidad de dosis.

La Organización Mundial de la Salud establece que se necesitan coberturas cercanas al 95 por ciento para prevenir la transmisión sostenida de enfermedades como el sarampión. Cualquier estrategia de vacunación debe basarse en datos desagregados y verificables para ser efectiva.

El Ministerio de Salud de la Nación también ha señalado que la reducción progresiva en la vacunación genera una población susceptible, lo que aumenta el riesgo de brotes de enfermedades como el coqueluche. En este contexto, la responsabilidad de presentar cifras claras recae en el ministro de Desarrollo Humano, Juan Carlos Atencia, quien asumió el cargo en abril.

La reciente designación de un nuevo ministro no exime de responsabilidad, dado que Insfrán ha gobernado la provincia desde 1995 y ha controlado el sistema sanitario encargado de registrar nacimientos y aplicar vacunas durante décadas. La campaña debe incluir un tablero público que muestre la cobertura por vacuna, edad, departamento y centro de salud, y diferenciar entre las dosis aplicadas a tiempo y aquellas recuperadas con demora.

Sin esta distinción, la provincia podría presentar un porcentaje alto y ocultar el hecho de que miles de niños no han recibido las vacunas correspondientes en el tiempo adecuado. Además, el Ejecutivo deberá informar sobre la disponibilidad de dosis, el calendario de operativos, los equipos asignados y el porcentaje de familias que no han podido ser localizadas durante las visitas domiciliarias.

La desconfianza no se combate solo con mensajes generales; es necesario implementar campañas transparentes, proveer información sobre la seguridad y eficacia de las vacunas, y contar con profesionales disponibles para responder preguntas. Insfrán ha presentado el sistema sanitario provincial como uno de los pilares del denominado “Modelo Formoseño”, y el reconocimiento de una baja en la vacunación exige una rendición de cuentas cuantitativa.

Si la provincia considera que hay un riesgo de reaparición de enfermedades prevenibles, es fundamental que muestre la magnitud del problema. Anunciar una campaña sin proporcionar un punto de partida impide evaluar su efectividad y deja a las familias sin información precisa sobre las áreas más vulnerables.

Fuente: NA

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