Un accidente ocurrido en Comodoro Rivadavia ha llevado a la Justicia a dictar una condena de 27.051.888 pesos en favor de una pasajera que sufrió lesiones graves tras ser despedida de su asiento en un colectivo. El incidente tuvo lugar cuando el vehículo frenó bruscamente al atravesar un reductor de velocidad no señalizado.
El accidente se produjo el 27 de enero de 2022, mientras la mujer viajaba por la avenida Alejandro Maíz. El conductor del colectivo realizó dos frenadas abruptas, lo que provocó que la pasajera se golpeara la cabeza y la espalda contra la estructura del autobús. Tras el impacto, fue asistida y trasladada al Hospital Regional, donde se determinó que necesitaba ser operada.
Después de un largo proceso médico, la mujer obtuvo el alta en marzo de 2023, pero quedó con una incapacidad física permanente del 15%. Ante esto, decidió demandar a la empresa de transporte y a su aseguradora.
En un primer momento, el juez admitió el reclamo y estableció una indemnización de 14,4 millones de pesos. Sin embargo, el cálculo se basó en el salario mínimo, ya que no se habían acreditado los ingresos de la demandante. Ambas partes decidieron apelar la decisión.
La empresa de transporte intentó eludir su responsabilidad alegando que el estado de la calle y la falta de señalización del reductor eran factores que debían considerarse. Por otro lado, la pasajera argumentó que la cuantificación de su incapacidad era incorrecta y presentó documentación que respaldaba sus ingresos reales.
Finalmente, la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones atendió el reclamo de la mujer y desestimó la defensa de la empresa. Los jueces consideraron que había evidencia que acreditaba un sueldo neto superior al salario mínimo, lo que llevó a incrementar el rubro por incapacidad de 9,7 millones a 22.358.759 pesos. Además, se sumaron 3.943.128 pesos por daño moral y 750.000 pesos por gastos médicos, alcanzando así la cifra total de 27.051.888 pesos.
La Cámara también determinó que la empresa debe hacerse cargo de las costas de ambas instancias y revocó la capitalización de intereses que había sido dispuesta de oficio en la sentencia inicial.
Fuente: La Nación
