La implementación del sistema acusatorio en Comodoro Py, prevista para el 15 de febrero, podría enfrentarse a una nueva postergación, la cuarta desde que se anunció su llegada. A pesar de la planificación oficial, la mayoría de los actores en los tribunales de Retiro no creen que se cumpla con el calendario establecido y anticipan que el anuncio de un nuevo retraso es casi un hecho.
Este esquema, que ya se ha implementado en diversos distritos del país, busca transformar la dinámica judicial al empoderar a los fiscales, quienes asumirán el liderazgo en las investigaciones penales, dejando a los jueces de primera instancia en un rol de garantes del proceso. Desde su inicio en 2019 en Salta y Jujuy, la reforma se ha expandido, pero enfrenta un reto significativo en Comodoro Py, donde se procesan casos de alta complejidad.
El ambiente de incertidumbre es palpable entre jueces y fiscales, quienes expresan su escepticismo sobre la posibilidad de que la implementación se realice según lo previsto. Algunos fiscales ya han comenzado a organizar sus vacaciones de verano, asumiendo que la nueva postergación es inevitable. La primera reprogramación fue anunciada en agosto de 2022 y desde entonces han seguido otras, con razones que incluyen la falta de recursos y personal necesario para llevar a cabo la reforma.
El Ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, ha intentado abordar algunas de estas preocupaciones, como la entrega de un nuevo edificio para el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, muchos reclamos, como la transferencia de personal, aún no se han resuelto, lo que genera preocupación entre los fiscales, quienes señalan que sin recursos adecuados, la implementación del sistema no será exitosa.
A pesar del apoyo general a la reforma en el ámbito judicial, los juicios de corrupción y criminalidad organizada en Comodoro Py presentan un contexto único que complica su implementación. Los jueces de los tribunales orales han expresado su necesidad de contar con el tiempo y los recursos necesarios para cumplir con sus funciones, advirtiendo que el nuevo sistema podría sobrecargar sus agendas ya comprometidas.
En una carta enviada a la Cámara Federal de Casación Penal, los jueces reconocieron la necesidad de modernizar el sistema procesal, pero también manifestaron su preocupación por las implicaciones que tendría la puesta en marcha del sistema acusatorio en el manejo de casos complejos.
Fuente: La Nación




