La reciente propuesta legislativa en Argentina ha generado un intenso debate sobre su impacto en las víctimas de violencia y su derecho a denunciar. Si bien es indiscutible que las denuncias falsas son una injusticia, la nueva ley parece más un castigo a quienes intentan buscar justicia que una solución al problema.
La legislación actual ya contempla delitos de calumnia y denuncia falsa, pero la pregunta que surge es si esta nueva ley realmente mejorará el acceso a la justicia. Según expertos, la respuesta es negativa. La ley no acelera los procesos, no asegura que todas las partes sean escuchadas adecuadamente, y no protege a quienes son acusados injustamente.
La situación se vuelve aún más crítica cuando se considera que en Argentina, aproximadamente medio millón de personas sufren ofensas sexuales anualmente, sin embargo, solo 1 de cada 10 se atreve a realizar una denuncia. Esta realidad es alarmante, especialmente para niños y adolescentes, quienes representan el 40% de los casos reportados.
Además, el temor a ser acusados de realizar una denuncia falsa podría desincentivar a más personas a buscar ayuda. En 2025, el 18% de las víctimas de femicidio había denunciado previamente a su agresor, lo que subraya la falta de confianza en el sistema judicial.
El proyecto de ley también presenta una ambigüedad preocupante al sustituir términos claros como violencia de género por expresiones más generales como delito doloso grave. Esta vaguedad podría permitir interpretaciones arbitrarias por parte de la justicia, complicando aún más el acceso a la protección para quienes más lo necesitan.
Con el aumento de los casos de violencia familiar y de género, que superaron los 146.000 procesos penales en 2025 en la provincia de Buenos Aires, la necesidad de un sistema judicial eficaz se vuelve crucial. La evidencia sugiere que más denuncias no conducen a un incremento de denuncias falsas, sino a más oportunidades de protección.
Por estas razones, se hace un llamado al Senado para frenar el tratamiento del proyecto y abrir un debate serio y fundamentado sobre sus posibles consecuencias. La clave está en mejorar los procesos judiciales y garantizar la protección adecuada a quienes buscan justicia, en lugar de generar un ambiente de miedo que obstaculice la denuncia de situaciones de violencia.
Fuente: La Nación
