La disputa entre La Pampa y Mendoza por el río Atuel ha alcanzado un nuevo nivel, al llegar nuevamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, ha presentado una medida cautelar contra el Estado Nacional, buscando suspender los efectos del Decreto 982/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.
Este decreto elimina el régimen de distribución de regalías hidroeléctricas que estaba vigente desde 1973 y establece que todos los recursos generados por el Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles serán destinados exclusivamente a Mendoza. La acción judicial de La Pampa busca que se mantenga el esquema anterior hasta que se resuelva el asunto en cuestión.
Desde La Pampa se argumenta que la decisión del Poder Ejecutivo no solo significa una reducción de recursos para la provincia, sino que también altera derechos que, según ellos, cuentan con un respaldo jurídico que trasciende al decreto recientemente derogado. Este derecho a percibir regalías se fundamenta en un convenio firmado en 1992 entre el Estado Nacional, Mendoza y La Pampa, que fue homologado por la Corte Suprema.
La provincia sostiene que este acuerdo es crucial, ya que implica compromisos claros sobre el pago de regalías hidroeléctricas a su favor, y que ninguna de las partes puede modificar unilateralmente esos compromisos. La presentación judicial hace hincapié en que el Estado Nacional participó en el convenio como una de las partes, no como una autoridad superior a las provincias.
En sus declaraciones, Ziliotto ha expresado que el reclamo es sencillo y directo: “que se cumplan las leyes, los acuerdos y los fallos de la Corte Suprema”. Además, ha enfatizado que Mendoza debe honrar su compromiso establecido en 1992.
Este conflicto no solo se limita a la cuestión de los recursos generados por el complejo hidroeléctrico, sino que La Pampa ha denunciado un avasallamiento de las autonomías provinciales, argumentando que el decreto infringe principios de buena fe, seguridad jurídica y federalismo de concertación. Se alerta también sobre un perjuicio patrimonial que la nueva normativa ocasionaría, al eliminar ingresos que la provincia recibió durante décadas.
La disputa por el uso del río Atuel ha sido un tema recurrente entre Mendoza y La Pampa, generando múltiples litigios en el pasado. El decreto 982/2026, publicado recientemente, deja sin efecto el anterior, argumentando que toda la fuente hidroeléctrica se encuentra dentro del territorio mendocino.
Sin embargo, esta decisión se produce en un contexto donde ya existe un expediente en la Corte Suprema que discute la validez del régimen de regalías establecido en 1973. En este caso, el propio Estado Nacional solicitó que La Pampa fuera parte del proceso, dado que se considera afectada por la controversia, lo cual fue aceptado por la Corte.
La Pampa utiliza esta situación como parte de su argumento para solicitar una protección judicial inmediata, buscando evitar que el nuevo esquema genere consecuencias que resulten difíciles de revertir, especialmente en lo que respecta a futuras concesiones del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles.
Fuente: La Nación
