Una grabación secreta y 96 facturas falsas fueron determinantes en la condena de tres exfuncionarios argentinos en el caso Skanska, un escándalo de corrupción que ha marcado la política del país. Julio de Vido, José López y Néstor Ulloa han sido sentenciados a cinco años de prisión por corrupción y administración fraudulenta, tras descubrirse un esquema de coimas que favoreció a la constructora sueca en la adjudicación de contratos.
El Tribunal Oral Federal 4, en un fallo de 1145 páginas, expone cómo en 2004 se pactó la adjudicación de las obras de los gasoductos Norte y Sur a Skanska y cómo se acordó un retorno del 5% del contrato como coima. La grabación, realizada en 2006 por el auditor interno de la empresa, Claudio Corizzo, fue crucial, aunque estuvo anulada durante casi diez años. En ella, Javier Azcárate, gerente comercial de Skanska, confesó que la empresa ya sabía que iba a ganar el contrato incluso antes de que se abrieran las licitaciones.
El tribunal determinó que la corrupción estaba arraigada en el proceso desde su inicio. Las irregularidades se evidencian en la forma en que se manejaron las normas y resoluciones que facilitaron el acuerdo corrupto, incluyendo el decreto 180/04 y otras resoluciones firmadas por De Vido. Las pruebas documentales mostraron que el Estado incurrió en un perjuicio económico de $34.594.947,34 debido a este esquema.
La investigación se activó tras un allanamiento en las oficinas de Skanska, donde se buscaban documentos relacionados con los pagos. Los auditores habían detectado varias compras sospechosas en un momento en que las obras ya estaban casi finalizadas. A pesar de las advertencias, la empresa continuó con las operaciones, lo que llevó a la intervención del fiscal Carlos Stornelli.
El fallo del tribunal no solo se basó en la evidencia de la grabación, sino también en las facturas emitidas a proveedores inexistentes y en la falta de documentación que justificara los pagos. A pesar de que la grabación no menciona explícitamente a De Vido, el tribunal concluyó que su responsabilidad se construye sobre una serie de elementos probatorios que indican su complicidad en el esquema corrupto.
La jueza Gabriela López Iñiguez, en su disidencia, cuestionó la solidez de las pruebas que demostraran que los funcionarios habían recibido dinero directamente. Aun así, los jueces coincidieron en que la ausencia de pruebas directas no significa que la corrupción no haya ocurrido. La condena a los exfuncionarios y a tres directores de Skanska es un reflejo del complejo entramado de corrupción que ha afectado a la administración pública en Argentina.
Fuente: La Nación
