El gobierno de Leandro Zdero enfrenta una situación alarmante en el ámbito habitacional de Chaco, donde se ha revelado que cerca del 50% de los adjudicatarios se encuentran en morosidad. Esta cifra fue expuesta por el presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV), Fernando Berecoechea, quien también reportó un déficit de 67.500 viviendas en la provincia.
Berecoechea explicó que la moratoria habilitada por el IPDUV permite a los adjudicatarios refinanciar saldos pendientes a través de planes de entre 120 y 360 cuotas, lo que equivale a plazos de hasta 30 años. Esta medida, según el funcionario, busca abordar la magnitud del atraso en el sector, en lugar de ocultarlo tras una campaña de cobro.
La admisión de estas cifras impacta directamente en el discurso de eficiencia de la administración provincial. Berecoechea señaló que la recaudación de cuotas es crucial para sostener la construcción de nuevas viviendas, pero subrayó que casi uno de cada dos beneficiarios no cumple con sus obligaciones de pago.
La situación se torna más crítica al considerar que aproximadamente 170.000 familias están inscriptas en el registro provincial, mientras que el IPDUV solo tiene en ejecución alrededor de 900 casas, lo que representa apenas más del uno por ciento del déficit habitacional reconocido.
A pesar de haber entregado cerca de 7.000 títulos de propiedad, la administración de Zdero ha fijado una meta de 10.000 títulos para el final de su mandato. Este avance es significativo para quienes ocupan viviendas desde hace años, pero no soluciona la necesidad urgente de construir nuevas unidades.
Además, el IPDUV ha informado que un 59% del parque habitacional presenta algún tipo de déficit, y hay expedientes administrativos pendientes que datan de hace más de dos décadas. Este arrastre histórico no exime al actual gobierno de responsabilidad, dado que Berecoechea dirige el organismo bajo la órbita de Zdero.
La moratoria se ha presentado como una respuesta oficial a un sistema que combina cuotas impagas y una producción de viviendas que no satisface la demanda. Aunque la administración provincial busca convertir la refinanciación en una herramienta de previsibilidad, el diagnóstico oficial revela que la política habitacional es financieramente frágil.
Extender deudas hasta tres décadas puede ayudar a organizar legajos y aumentar la recaudación, pero no resuelve la disparidad entre las familias anotadas y las obras que realmente han comenzado.
Fuente: NA
