SANTA FE.- Una inesperada conmoción sacudió tanto al gobierno santafesino como en todo el espectro policial. Todo sucedió por un homicidio ocurrido hace unos meses, cuya investigación conmocionó en la últimas horas a la opinión pública y a toda la fuerza de seguridad provincial.
Lo sucedido empañó, por su trascendencia, el informe oficial, conocido en los últimos días, en el cual el gobierno santafecino anunció que en esta provincia se había registrado en el primer semestre de 2026, el período de primeros seis meses con menos homicidios de los últimos 25 años.
Tras aplaudir ese logro, paralelamente, se confirmó que seis efectivos de la Policía de Santa Fe fueron detenidos en el marco de la investigación por la muerte de un recluso que se encontraba bajo custodia. en un calabozo de la seccional octava de la capital provincial, en enero de este año.
La medida fue dispuesta por la Unidad Fiscal de Violencia Institucional del Ministerio Público de la Acusación (MPA), a cargo del fiscal Ezequiel Hernández.
La información a la que tuvo acceso LA NACION sostiene que Mauro González, de 35 años, fue hallado sin vida en un calabozo de la citada seccional de la capital provincial, a comienzo de año.
De los seis policías aprehendidos, cinco integran el Comando Radioeléctrico y uno pertenece al Cuerpo Guardia de Infantería (CGI).
El caso
Todo parece indicar que la investigación apunta a determinar las responsabilidades de los uniformados en el procedimiento previo al fallecimiento de González.
De acuerdo con los resultados de la pesquisa, el hombre fue detenido el 17 de enero en el norte de esta ciudad y trasladado en una camioneta policial, donde habría sido golpeado en reiteradas oportunidades mientras permanecía esposado, según registros fílmicos incorporados al expediente. Horas más tarde fue encontrado sin vida dentro de un calabozo de la dependencia policial.
Por otra parte, se anunció que en los próximos días se desarrollará la audiencia imputativa donde los seis efectivos policiales serán acusados del delito de tortura seguida de muerte.
La Justicia deberá resolver también si continúan el proceso en prisión preventiva o bajo otras medidas restrictivas.
Tras conocerse las detenciones, la vocera oficial del Gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes fijó la posición de la administración provincial respecto del caso y respaldó el avance de la investigación judicial. “Estamos del lado de los policías buenos. En contra de los que con el uniforme terminan siendo delincuentes, ese es el posicionamiento. La investigación se lleva adelante”, expresó la funcionaria.
Con esa declaración, el Gobierno buscó diferenciar el accionar de la mayoría de los integrantes de la fuerza de seguridad de aquellos efectivos sospechados de haber participado en hechos de violencia institucional, al tiempo que ratificó que aguardará el avance del proceso judicial para determinar las responsabilidades penales.
De acuerdo con los informes, el caso se remonta al 17 de enero pasado, cuando Mauro González fue aprehendido frente a su vivienda, en barrio Yapeyú (extremo norte de esta capital), tras un llamado al 911 que alertaba sobre un presunto desorden en la vía pública.
Según sostiene la familia, el procedimiento estuvo marcado por un uso excesivo de la fuerza y constituyó un episodio de violencia institucional. De acuerdo con la investigación, durante la aprehensión varios testigos afirmaron haber observado agresiones contra González.
Además, la causa incorporó registros de cámaras de seguridad, imágenes y videos aportados por vecinos, con los que se busca reconstruir lo ocurrido durante el operativo.
Tras su aprehensión, González fue trasladado a distintas dependencias policiales y examinado por un médico, quien dejó constancia de lesiones que demandaban varios días de recuperación. Posteriormente quedó alojado en un calabozo de la Comisaría 8ª.
Uno de los puntos centrales de la pesquisa es que, según consta en el expediente, el fiscal que intervino inicialmente había ordenado su liberación alrededor de las 22.40 del 17 de enero. Sin embargo, esa disposición nunca se concretó.
Horas más tarde, cuando los efectivos se disponían a notificarlo para hacer efectiva su libertad, Mauro González fue hallado sin signos vitales dentro de la celda.
Tras el fallecimiento, la investigación pasó de la Fiscalía de Homicidios a la Unidad Fiscal de Violencia Institucional del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que ordenó la aplicación del Protocolo de Minnesota, el instrumento internacional utilizado para investigar muertes ocurridas bajo custodia del Estado.
La familia de la víctima, que interviene como querellante con el acompañamiento de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, sostiene que la investigación debe analizar no solo las circunstancias de la muerte, sino también todo el procedimiento previo, incluida la aprehensión, el traslado, la atención médica recibida y las eventuales omisiones de los policías responsables de garantizar la integridad física de la persona que permanecía bajo custodia.
Con los arrestos concretados en los últimos días, la causa ingresará en una etapa clave para el esclarecimiento de los hechos.
Fuente: La Nación
